Pedro Chica

Son ya dos periodos de Gobierno departamental (Ramos y Fajardo), junto al de Luis Pérez, presidentes ellos del Consejo Directivo de la CAR Cornare, sin que hayan modificado o intervenido la política y la feria de licencias para micro y pico centrales en el Oriente antioqueño.

El territorio y sus pobladores, sólo son el objeto y el teatro donde se ejecutan.

Fue precisamente Ramos, el primero de ellos hace 10 años, quien tuvo la espectacular “visión empresarial estratégica” de convertir EMGEA (que había dejado Gaviria con un objeto totalmente diferente) en el gran holding de diseño, construcción, comercialización y puesta en operación para más de un centenar de micro, pico y centrales hidroeléctricas en Antioquia.

No sé qué provoca asombro ahora… ni las Asambleas comunitarias, ni la Mesa Energética del Laboratorio de Paz, ni los encuentros de líderes y movilizaciones, ni las acciones de grupo ambientales (mecanismo de protección de derechos fundamentales), han impedido que avance esa política y esos proyectos (de inversionistas del sector privado, público y de la ingeniería, al igual que de los decisores del modelo de desarrollo territorial) de aprovechamiento intensivo del recurso hídrico, sin planificación responsable institucional, sin consulta a los pobladores y con grave afectación a los ecosistemas y a la vocación productiva agraria del territorio.

Por mi inventario pasan tres proyectos que lograron detenerse (pueden ser más), en virtud de no haber contado ellos con viabilidad financiera, técnica, institucional y/o política. En orden cronológico: la micro-central La Chorrera (San Carlos); la central Porvenir I (San Francisco, Cocorná y San Luis); y las microcentrales del Río Dormilón (San Luis).

No es cierto que los ambientalistas, los defensores de derechos humanos, las ONG, movimientos comunitarios o de campesinos, y mucho menos algún líder superdotado, consiguiera dar un giro a la política de explotación intensiva de recursos naturales en esta región. Y no lo es porque cada vez que ha levantado la voz esa importante cantera de organización social del territorio, son los burócratas quienes han sacado provecho de ello predicando que su generosidad y altruismo institucional atajó los licenciamientos.

Pasó en San Carlos cuando ad portas de un certamen electoral los conservadores dueños de Cornare, vieron oportuno parar el proyecto La Chorrera y conseguir votos. Pasó también con Porvenir I, cuando una rivalidad de liberales y uribistas de la ANLA, sirvió para usar los soportes técnico-ambientales de los conservadores de Cornare y los ingenieros de Integral, y pasar factura tumbando la expedición de la licencia.

Y finalmente lo volvieron a hacer en San Luis cuando el director de la CAR apareció como el gran benefactor, considerado con las propuestas del movimiento “Vigías del Río Dormilón”, detuvo el acto administrativo que antes había producido autorizando los Estudios del proyecto.

Los movimientos y organizaciones sociales y ambientalistas debemos continuar con toda la fuerza y la convocatoria comunitaria, responsable y ética que caracteriza estos procesos. Y yo creo que ahora se deben redireccionar sus objetivos y rutas.

De esta manera podría terminarse el ciclo desafortunado del mercado ambiental que administra Cornare en la región, por cerca de 30 años ya. Podríamos trabajar, además, para que estos procesos comunitarios tuvieran audiencia e incidencia en las decisiones fundamentales sobre la política y el modelo del desarrollo, que al final del día sean una pertenencia de los pobladores y del territorio.

 

Por: Pedro Chica Quiroga (Consultor DDHH y Política Pública de Víctimas) 

*Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores, y no reflejan la posición informativa de Inforiente