Hablar de la violación de los derechos humanos en Colombia es un eufemismo para tapar los crímenes y el terrorismo de Estado que durante décadas ha asolado al pueblo.

Medellín. El paso del ahora ex general Mario Montoya por la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín y con jurisdicción en buena parte de los departamentos de Antioquia y Chocó, dejó huellas funestas en contra de la población civil.

"Eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando son los verdaderos criminales los asociados con el Ejército para cometer esos crímenes".

El anuncio del gobierno colombiano de la destitución de 25 militares en las primeras investigaciones de la desaparición y asesinato de 11 jóvenes, en una decisión sin precedentes que analistas vincularon a la presión internacional.

Medellín. Según testimonios recopilados por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín, en los sectores conocidos como la “arenera” y la “escombrera”, ubicados en la Comuna 13, estarían enterrados buena parte de las víctimas que dejó la incursión paramilitar en esta zona de la ciudad en los días posteriores de la retoma por parte del Estado durante la recordada Operación Orión.

Medellín. Que las comunidades de los barrios marginales de Medellín comiencen a debatir sobre la situación de miseria, exclusión y vulneración de derechos que padecen y que, además, participen en la construcción de alternativas de desarrollo económico, es lo que esperan cerca de 80 organizaciones comunitarias, sociales y defensoras de derechos humanos de la capital antioqueña y algunas de carácter nacional, quienes este año se han unido para la realización del primer “Foro Social Medellín 2008: otra ciudad es posible sin miseria ni exclusión”.

Opinión. Portazo tras portazo ha recibido el Gobierno colombiano en los últimos meses de la comunidad internacional. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos pasó de proyecto bandera del “estado comunitario”, a baldón en el Congreso de ese país. No sólo fracasó, el cabildeo al tratado devino en un juicio a las políticas de derechos humanos en Colombia, y a sus manejos sindicales, tal juicio se convirtió en condena pública proferida por el eventual próximo presidente norteamericano, el demócrata Barack Obama., al referirse a la necesidad de ponerse firme frente a las violaciones de derechos humanos y a la falta de garantías sindicales en Colombia. No sólo resultó el gobierno colombiano humillado en el frente diplomático, por su único aliado en el mundo, sino también en el frente interno, de hecho, el vilipendiado y maltrecho sindicalismo nacional, con infinitos menos recursos y alharacas, tiene más credibilidad ante la opinión internacional que el jefe del Estado, sus áulicos y sus encuestas arrolladoras.

Contrasta con la pertinencia de sus consideraciones y la validez de sus recomendaciones. El pasado 16 de octubre, el Gobierno nacional se apresuró a descalificar el Informe de Human Rights Watch ¿Rompiendo el Control?, Obstáculos a la justicia en las investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia, calificándolo desde la Vicepresidencia de la República en un comunicado como “compendio de falsedades que busca minar la aprobación del TLC con Estados Unidos”, elaborado “con sesgo y con animadversión personal”. Sin embargo, la lectura del contenido del informe revela realmente otra situación. Los elementos de diagnóstico en gran medida coinciden con las formulaciones hechas por entidades y organismos de derechos humanos, su estilo es respetuoso ante el mismo Gobierno nacional, su enfoque constructivo, reconoce avances conseguidos por distintas instancias del Estado incluso del mismo Gobierno y puntualiza recomendaciones claramente pertinentes.