Medellín. Los corresponsales de ‘Noticias Uno’ Fernando Cifuentes, en Medellín (Antioquia), y Leonardo Montoya, en Quibdó (Chocó), recibieron el pasado 17 y 18 de octubre llamadas amenazantes de parte del abogado Leonel Torres, a raíz de una investigación del medio de comunicación sobre presuntas actuaciones irregulares del litigante. Torres es primo del presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Édgar Ulises Torres.

Análisis. Informes de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU, así como de la Misión Internacional sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia dan cuenta de que “desde julio de 2002 hasta diciembre de 2007, se habían registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002”. Así mismo, estos informes señalan que “los últimos 18 meses trascurridos entre enero de 2007 y el 30 de junio de 2008 han sido más graves en materia de ejecuciones extrajudiciales, según los registros de las organizaciones que conforman la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU. En este período hemos registrado que 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública. Quiere decir que en estos 18 meses una persona perdió la vida cada día victima de una ejecución extrajudicial. Esto significa un aumento de casi el doble de los hechos registrados durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2002 y el 30 de junio de 2007 (en el cual se registraron 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, una víctima cada dos días) y del triple con relación al período anterior a la posesión del actual Gobierno comprendido entre enero de 1997 y junio de 2002”.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa informó que restringirá el ingreso de ciudadanos de Colombia en su país si continúan los secuestros de ecuatorianos por parte de bandas del país vecino.

Opinióin. Al amparo del artículo 213 de la Constitución Política, el presidente Uribe -quien no da puntada sin dedal- aprovechó la circunstancia del paro judicial para decretar el estado de “conmoción interior”, que se supone debe decretarse en casos excepcionales. Consideró que la huelga constituía “grave perturbación del orden público que atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana” que además, no la podía “conjurar mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”. En otras palabras, la huelga del Poder Judicial que buscaba que el Poder Ejecutivo cumpliera con lo ordenado en la Ley 4ª de 1992, ponía en peligro la estabilidad del régimen uribista y no era posible acabarla a bolillazo limpio o a disparo de fusil como Uribe y sus antecesores acostumbran a doblegar las protestas sindicales y sociales. Ganas no les faltaron.