Opinión. Al parecer la única funcionaria que ha actuado con dignidad y con responsabilidad política, curiosamente no siendo politica por parte del Gobierno Nacional ha sido María del Pilar Hurtado quien renunció a la dirección general del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS por el escándalo desatado por el Senador Gustavo Petro al denunciar ante la Comisión I del Senado en el Congreso que dicho organismo de inteligencia le estaba haciendo inteligencia a él y al Partido PDA – Polo Democrático Alternativo, para lo cual mostró al país y al mundo entero dos memorandos sobre el tema.
La inteligencia en el mundo ha tenido sus propios episodios, basta recordar la Gestapo de los Alemanes Nazis, la KGB en la antigua URSS y la CIA en EEUU, que tras los escándalos por haber mandado a grabar conversaciones de la oposición, terminaron hundiendo al Presidente de los EEUU Richard Nixon hasta su renuncia.
Hoy día el país tiene su propio chivo expiatorio, Jaime Fernando Ovalle Díaz, quien actuó como coordinador de Asuntos de Inteligencia Política Social del DAS y quien firmó los dos memorandos con carácter reservado que descubrieron el espionaje que se venía haciendo al senador Petro y a los miembros del Polo Democrático Alternativo.
El DAS no es una rueda suelta en la estructura del Estado en Colombia, el DAS es uno de los seis departamentos administrativos que junto al DANE, DNP, Dansocial, Función Pública y el Departamento Administrativo de la Presidencia, dependen directamente del Presidente de la República y hace las veces de órgano ejecutivo de la inteligencia policial, esto es, es la cara del Estado policivo en el país.
Sin embargo, recientemente podría decirse que el DAS viene siendo objeto de contraespionaje que va desenmascarando las realidades que necesita saber el país; primero las acusaciones que existen contra el ex Director de dicho organismo Jorge Noguera por el tema de la desaparición de información de paramilitares y segundo el bochornoso seguimiento mencionado que descabeza a María del Pilar Hurtado.
Infortunadamente el DAS se viene recordando por este tipo de episodios que tanto daño le hacen al país, pero no se puede olvidar que precisamente la agencia nacional de inteligencia en Colombia (DAS) está llamada a recuperarse de las cenizas que otrora dejaron los temidos atentados de Pablo Escobar contra el director de aquel entonces Miguel Maza Márquez con más de 500 kilos de dinamita y que dejaron semidestruido el edificio principal en Bogotá y un sinnúmero de muertos y daños materiales.
El DAS debe procurar ser un Departamento de Seguridad para todos los colombianos y no contra los colombianos, debe investigar paramilitares, guerrilleros, delincuentes organizados, conexiones entre éstos y grupos armados ilegales que pretendan desestabilizar el orden y la seguridad del país.
Sin embargo y como dice Daniel Coronell: “El gobierno se está enredando en sus espuelas”, pues hoy día no hay claridad sobre quién mandó a vigilar los movimientos de Petro. Mientras tanto podríamos decir que hay unas nuevas versiones del elefante que no vio Samper Presidente en el patio de la Casa de Nariño, pues el Presidente Uribe asegura que: “Es prácticamente una trampa al gobierno”.
Hay muchas preguntas por hacer y muchas sin responder, pero principalmente las preguntas más pertinentes acá serían, ¿quién mandó a hacer inteligencia a la oposición del gobierno nacional? ¿Son todos los altos funcionarios, incluyendo ministros, directores, gerentes, etc., fusibles que se queman para no afectar la imagen y popularidad del Presidente Uribe?, ¿podría convertirse este episodio en un DASgate para el Presidente Uribe?
No obstante lo anterior y mientras el país mantiene un movimiento pendular entre el éxito y el fracaso, el miércoles 29 de octubre el Presidente de la República llamó a calificar servicios (destituir) a veintisiete altos mandos militares entre los que se encuentran tres generales de la República, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores y seis suboficiales “por haber encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos y que hay fallas en procedimientos, protocolos y vigilancia”, dijo Uribe. Además agregó que: “en algunas instancias del Ejército ha habido negligencia y se ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes que en algunas regiones tienen por interés asesinar a inocentes para dar la sensación que se está enfrenando a los criminales y mantener intactos a esos criminales”, concluyó el presidente.
Lo anterior puede tener dos lecturas totalmente diferentes, una que el primer mandatario manda un mensaje para que la eficacia militar deba ir siempre acompañada de transparencia, legitimidad y respecto por los derechos humanos, pero también podría interpretarse como que la violación a los derechos humanos sólo compete a los mandos militares y no afectan al comandante supremo de las fuerzas militares, es decir, los generales se convierten en otros fusibles más para no afectar la imagen del presidente.
Finalmente, una perla más del Gobierno Uribe fue que el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, anunció esta semana que está investigando a 2.300 funcionarios públicos por su presunta implicación en ejecuciones extrajudiciales. La cifra no deja de ser considerable, 2.300 funcionarios investigados.
Entretanto la fuga – liberación de Oscar Tulio Lizcano vuelve a recuperar la credibilidad, confianza y popularidad del Gobierno Uribe quien se vuelve a balancear con el lunar negro por no haber actuado oportunamente en la situación con la marcha de los 45.000 indígenas, los corteros de caña en el Valle o los recientes paros de sus propios empleados quienes conocen por dentro como se pudre la manzana.
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