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En lo alto de una de las montañas que rodean el Valle de Aburrá, se ubica la vereda Granizal, del municipio de Bello, que agrupa siete sectores y tiene una población de aproximadamente 18 mil habitantes.
En uno de los sectores de Granizal, Los Manantiales, está ubicada desde abril de 2012 La Casa de los Derechos, una estrategia que funciona desde el 2009 atendiendo la población vulnerable de la Vereda, en el marco de un convenio entre la Defensoría del Pueblo, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados- Acnur y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.
Patricia Hernández Berrío, defensora comunitaria y coordinadora de la Casa de Derechos de Granizal, explicó “Lo que hace la Casa es acercar la atención de la Defensoría del Pueblo al sector y especialmente a la población en situación de desplazamiento, se busca descentralizar servicios, apoyar los trámites de la población desplazada, asesorar la exigibilidad de derechos, formar, hacer procesos con líderes, seguimiento a la situación de la población desplazada y apoyar los informes de la Defensoría”.

Aunque no hay censos recientes, según el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 de Bello, la población de Granizal constituye el 20% de los desplazados que hay en el Municipio. Sin embargo, Patricia Hernández comentó “no todos son desplazados, pero la constante es que son personas con alta vulneración de sus derechos, condiciones marginales, indigencia, pobreza absoluta, familias monoparentales, hogares con 4 ó 5 hijos. Personas que viven de la caridad y las ayudas humanitarias que llegan una vez al año”.
Actualmente solo hay una persona a cargo de la Casa, sin embargo, diariamente entre 10 y 12 personas reciben algún tipo de asesoría, y del primero de abril y el 30 de mayo de 2012, 150 personas habían sido atendidas en la nueva sede.
“El 90% de las personas vienen a solicitar asesoría para pedir ayuda humanitaria o prorroga de la ayuda humanitaria, de ellos más o menos el 85% no están inscritos en el régimen subsidiado”, comentó la Coordinadora de la Casa.

Además del acompañamiento con los trámites, en la Casa también se ofrecen momentos de esparcimiento y formación: bailoterapia, clases de manualidades, de teatro, entre otros. “La gente viene cuando se le convoca, le interesa, está sintiendo cerca al institucionalidad en algunos aspectos, en otros todavía hay muchas ausencias estatales, pero la gente está viendo que acá hay un trabajo por lo menos de escucha, de trabajo en algunas actividades y también momentos de esparcimiento, como poner los derechos humanos en un sentido de bienestar”.
Las personas que salieron de sus tierras y llegaron a Granizal son, en su mayoría, de las diferentes regiones antioqueñas, pero también hay algunos que se movilizaron desde otros departamentos. A pesar de que las condiciones de vida en el sector no son óptimas, la constante es que se quieren quedar y estabilizar en esta Vereda, no hay expectativas de retorno.

El PNUD, respondiendo a su tarea dentro del proceso llamado Soluciones Duraderas en Transición, apoya constantemente las acciones de la Casa de los Derechos y otras estrategias que buscan garantizar el acompañamiento, bien sea de retorno, reubicación o integración, de la población desplazada colombiana.
Por: Cheli Melisa Llano Marín
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A algunos se les ve de traje verde, a otros de “civil” y a otros los apreciamos a diario enterrados entre basura y escombros. Para muchos pasan desapercibidos, pero la realidad es que estas personas de carne y hueso, que aman, ríen, sufren, tienen familia y proyectos, se encargan de mantener limpias nuestras calles, y de ayudar a la conservación del planeta. Son los recicladores, aquellos que durante los últimos años se han ido formalizando y agremiando, al punto de convertir al Oriente Antioqueño en modelo de procesos de reciclaje, pero que por aparentes intereses particulares hoy esos procesos están en riesgo, aunque 600 familias viven de esta actividad en la región.