La Provincia como entidad territorial

Martes, 05 de Junio de 2012 11:16

Escrito por Pedro María Chica Quiroga

El proceso Provincia, más allá de su definición en un marco conceptual, unos objetivos, una ruta de movilización ciudadana, unas metodologías y tal vez una estructura para la función pública, ahora mismo se mueve en el mundo de los idearios políticos; en el escenario de grandes disputas históricas por el despojo y el acceso a la tierra; en la necesidad de ideas para una salida negociada al conflicto armado; y en la invocación a un mandato concreto de la Constitución Política de Colombia CPC, que afirma el ejercicio del derecho a la autonomía territorial.

Con este propósito y bajo este enfoque, se promovió una primera fase del proceso de constitución de la Provincia, mediante una Consulta popular en los municipios del Oriente Antioqueño, para que fuera convocada por los alcaldes de la Región, bajo la autoridad y dirección del Consejo Nacional Electoral CNE. Con los mandatarios del gobierno pasado, en los municipios del Oriente y el departamento de Antioquia, no conquistamos voluntad ni concretamos vanguardia para este proyecto político territorial, a pesar de haber obtenido ruta y concepto favorable del CNE.

La Provincia es una forma de ordenar el territorio, establecida por el constituyente de 1991 -CPC Título IX. De la Organización Territorial. Capitulo 3. Artículo 321-. En esencia, desde una concepción de abierta deliberación política -validación democrática y ciudadana, actividad legislativa y posterior reglamentación de atribuciones públicas o administrativas-, ordenar el territorio integrado por los 23 municipios del Oriente antioqueño, en forma de Provincia -como entidad territorial con órganos propios de representación política y régimen fiscal propio-, ofrece una oportunidad de buenas prácticas de democracia, para pobladores, comunidades organizadas e instituciones que quieren corregir las estructuras de un modelo de crecimiento económico generador de inequidad territorial; marginalidad; desequilibrios socioeconómicos; y exclusión sociopolítica. Es una oportunidad de buenas prácticas de democracia, para resolver la ausencia de Estado, superar el conflicto armado y reparar a las víctimas. La Provincia es una forma de ordenar el territorio, para cambiar el modelo de generación de riqueza que explota de forma intensiva y fuerte degradación los recursos naturales, y poder trascender a propuestas de protección y sostenibilidad, en un modelo de desarrollo integral sostenible que hoy lideran comunidades organizadas de esta región.

Cambiar el orden territorial -que en la historia de este país ha sido funcional a los grandes desequilibrios en la distribución de la riqueza, a la concentración de la propiedad y el uso de la tierra, y a la configuración del poder político representativo perpetuo-, realmente no es una lucha nueva ni obedece a reivindicaciones sociales recientes.

Ya entrados en el rigor de una dimensión política de la Provincia, podemos asomarnos al agudo análisis de antecedentes y propuestas sobre nuevas territorialidades -planteado en dirección a superar las crisis de las colectividades poblacionales, los gobiernos y el Estado, tanto como a la disposición de nuevos pactos sociales-, publicado durante el año 2003, por el profesor Orlando Fals Borda:

“(…) el ordenamiento territorial ha sido un proceso constante para racionalizar el uso de los espacios que corresponden a la nación, con fines geopolíticos, administrativos y ambientales. Se manifiesta en contenedores territoriales como los que proveyó la Constitución. Sin embargo por los orígenes violentos y patológicos de la actual situación -incluyendo el descuido de la cuestión agraria-, debemos matizar mucho más aquella definición.

El ordenamiento territorial no puede dejarse sólo como la administración física de espacios y limites de contenedores, es también agregarle el problema del tejido social dentro de los contenedores, afectado por los conflictos a partir de las comunidades de base (veredas, corregimientos, municipios). El concepto de ordenamiento territorial debe enriquecerse con la reconstrucción del afecto y del espíritu de solidaridad entre las gentes, y trabajar sobre ello para llegar a niveles superiores de organización espacial.

Transformar los departamentos en provincias y regiones seria una política de gobierno que ahora podría reenfocarse para contribuir a la paz… por supuesto, al abrir el paso a las grandes unidades territoriales, conviene hacerlo bien. Puede empezarse conociendo lo que al respecto recomendó la primera Comisión Constitucional (COT) y aplicar principios organizativos del espacio basados en el epicentrismo urbano, como lo quería el profesor Ernesto Guhl. Esta práctica tendría la ventaja de inducir la más saludable estructura de “país de ciudades” que tenía Colombia a mediados del siglo XX, síntoma de un mercado interno que empezaba a articularse con dinamismo.

Las provincias y las doce regiones posibles, deberían nacer saturadas de la filosofía del altruismo participante y de la fe en las capacidades reconstructivas y cooperativas del ser humano. Deberían propiciar también la reparación de las relaciones sociales que han sufrido tanto con nuestra guerra de cuarenta años. Deberíamos llegar a las provincias inspirados en ideas de reconciliación y ayuda mutua, no con la ambigua práctica de la desconfianza.

Una indiscutible prioridad para estos fines es el retorno a la tierra y valorar el mundo rural con todo su entorno y su historia. Es el cosmos verde que nos ha alimentado como nación desde que el mundo es mundo. Ignorar el trópico es suicida y miope. Entregarlo en manos de intereses de otros contornos, es traición.

Allí, en el mundo rural, se ha adelantado nuestra guerra sempiterna, y allí hay que terminarla. La evidencia histórica y sociología demuestra que no habrá paz en nuestro país ni en nuestro tiempo mientras no se resuelva a fondo el problema de la producción agraria y su control para el campesinado autentico (…)”

El proceso ciudadano, social y político, “Provincia del Oriente antioqueño”, tendrá que abrirse paso por la ruta fuerte y por las decisiones superiores que siempre demandó. Entonces, un frente de acción política inteligente, liderazgos éticos y comunidad organizada, que asuma el reto de avanzar hacia su constitución, deberá, por lo menos:

- Parir líderes valientes y consecuentes;

- Organizar nichos ciudadanos en las localidades, y formarlos para la participación en política;

- Desatar un ejercicio centralizado, integral y ordenado de investigación e información de derecho;

- Convocar deliberación abierta, documentada y franca con los decisores de política, y con los factores reales de poder, que están vinculados al territorio; y

- Jugarse en convicción y dignidad, a la hora de sostener las banderas.

Por: Pedro Chica Quiroga, Asamblea Provincial Constituyente y Mesa Regional de Derechos Humanos

Foto: Archivo

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